La década de 1990 en Argentina constituyó un periodo crítico caracterizado por una crisis alimentaria sin precedentes, cuyos efectos devastadores transformaron el acto de comer en un riesgo vital inmediato para amplios sectores de la población. Este fenómeno emergió como consecuencia directa de un entramado perverso que combinó:
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La desregulación estatal extrema
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La inoperancia de los mecanismos de control
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La corrupción institucionalizada
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La primacía del lucro privado sobre el derecho a la alimentación segura.
La frase emblemática “si podías comer, te podías morir” sintetiza con crudeza el paradigma de esta crisis.
I. Factores Estructurales de la Crisis
1. Desmantelamiento del Sistema de Control Alimentario
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Eliminación de barreras sanitarias: Un decreto presidencial de 1991 suprimió el requisito de aprobación sanitaria previa para comercializar alimentos, permitiendo que productos ingresaran al mercado con solo un “número de trámite provisional”. Esta medida facilitó la proliferación exponencial de alimentos adulterados.
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Regulaciones obsoletas: El Código Alimentario Argentino –sin actualizaciones desde 1977 y luego en 1991– resultaba totalmente ineficaz para regular una industria alimentaria en transformación.
2. Colapso Institucional y Corrupción Generalizada
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Inspección simbólica: La Ciudad de Buenos Aires disponía de apenas 40 inspectores para fiscalizar 50.000 establecimientos alimenticios, una relación que hacía imposible cualquier control efectivo.
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Redes de complicidad: Se documentaron casos de jueces que extorsionaban a empresarios para evitar inspecciones, mientras que el pago de coimas a inspectores se convirtió en práctica habitual.
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Inacción deliberada: Como muestra el caso del vino contaminado, las autoridades permitieron que una bodega siguiera operando hasta que las víctimas mortales superaron las 20 personas.
II. Casos Paradigmáticos: Cuando el Alimento se Convirtió en Veneno
1. El Escándalo de la Leche Radiactiva (Caso Spadone)
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Contexto político: En plena crisis con el 45% de pobreza, el gobierno de Menem implementó un plan de asistencia alimentaria. La licitación para proveer 2 millones de kilos de leche fue adjudicada a Summum –empresa propiedad de Carlos Spadone, asesor directo del presidente– mediante un proceso sin competencia real.
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Fraude y peligro sanitario:
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El 90% de la leche (“Georgiano”) era importada de Europa sin controles de trazabilidad.
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Contenía 240 colonias bacterianas/gramo (límite: 50), incluyendo E. coli, y isótopos radiactivos (Cesio-137/134) en proporciones compatibles con contaminación post-Chernóbil.
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Trabajadores admitieron que el producto no era apto para niños o embarazadas.
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Enriquecimiento ilícito e impunidad:
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Spadone facturó la leche a $22.70/kg (vs. $1.16 precio real), obteniendo $12 millones de ganancias.
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Aunque condenado en 2003, la causa prescribió en 2005. Paradójicamente, recibió $1.1 millón como “indemnización” por daños inexistentes.
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2. Otros Casos de Contaminación Masiva
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Puré de tomate fraudulento: Latas con “zapatos podridos pisados” teñidos con óxido de hierro industrial.
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Quesos contaminados: Más de 1,000 kg de mozzarella con materia fecal en pizzerías.
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Vino metílico: Adulterado con alcohol industrial, causó 46 muertes y ceguera/daño neurológico en 100 personas.
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Agua mineral con bacterias fecales: Plantas clausuradas por riesgo epidemiológico.
III. Mecanismos de Impunidad: La Sombra del Poder Político
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Privilegios de acceso: Las conexiones de altos funcionarios con proveedores distorsionaron licitaciones públicas.
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Beneficios económicos obscenos: Sobreprecios del 1,857% en contratos evidenciaron complicidad estatal.
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Protección judicial: Sobreseimientos, prescripciones e indemnizaciones a culpables demostraron intervención política para garantizar impunidad.
Conclusión: Un Fracaso Deliberado del Estado
La crisis alimentaria argentina de los 90 representa un caso emblemático de crimen social institucionalizado, donde:
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La desregulación extremista desmanteló protecciones básicas.
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La corrupción en inspectores, jueces y funcionarios neutralizó los controles residuales.
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Las redes políticas protegieron a responsables mientras la población sufría intoxicaciones masivas.
Este periodo expone cómo la connivencia entre intereses económicos y poder político puede convertir políticas públicas en mecanismos letales para los sectores más vulnerables. La frase “ganancias privatizadas, riesgos socializados” sintetiza esta lógica perversa que aún hoy exige justicia y reparación histórica.
