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A raíz de un reciente informe técnico que relevó cientos de emergencias en el sector, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires volvió a expresar su profunda preocupación ante la situación de vulnerabilidad que atraviesan los polos industriales del territorio provincial.
En concreto, la entidad tomó como referencia un reporte de Terratox News que registró 232 emergencias comunicadas por YPF S.A. en el Mapa de Alertas de la Provincia entre 2017 y 2025. En ese marco, advirtió sobre la situación del Complejo Industrial La Plata (CILP), ubicado en Ensenada, al señalar que “no sólo el Complejo Industrial La Plata, sino también gran parte del arco productivo de todo el territorio provincial” se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
En particular, el Consejo de Química destacó que este polo industrial, categorizado como establecimiento peligroso, “acumuló en nueve años 232 eventos no programados, de los cuales el 64 % fueron calificados como ‘extensos’, totalizando 350 días en emergencia”. Asimismo, subrayó que estos incidentes “constituyen un claro ejemplo de la grave vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta una de las plantas químico-industriales más estratégicas de la provincia”.
En su pronunciamiento, la institución remarcó que la problemática no se limita a un caso aislado, sino que “se ‘espeja’ con el panorama generalizado que afecta a muchos de los polos industriales de la Provincia de Buenos Aires”. En esa línea, sostuvo que “el mismo grado de indefensión se replica en un amplio conjunto del espectro productivo industrial, donde la actividad química y sus industrias asociadas operan bajo un riesgo crónico y sistemático”.
Asimismo, a pesar de la vigencia de la Ley 7020 que regula la actividad química en el ámbito provincial, el Consejo advirtió que “la persistencia de estas emergencias reiteradas se explica fundamentalmente por la ausencia de controles efectivos por parte del Estado”, lo que deriva en “una situación de desprotección tanto para las comunidades lindantes y el ambiente en general, como para el propio entramado productivo”.
Al respecto, la entidad enfatizó que “la seguridad química y la prevención de riesgos tecnológicos no pueden quedar supeditadas a la buena voluntad de las empresas, sino que requieren de una fiscalización estatal permanente, rigurosa y transparente”.
Finalmente, el Consejo Profesional de Química consideró que “la provincia de Buenos Aires no puede permitirse seguir acumulando alertas sin respuestas concretas”, y sostuvo la necesidad de “mantener un alto nivel de alerta y de comunicación abierta ante tales eventos”, en resguardo de la salud pública, el ambiente y el desarrollo industrial responsable.
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