A 50 años del golpe: por qué aún hay quienes lo reivindican

El Golpe de Estado en Argentina de 1976 no es solo un hecho del pasado: sigue siendo un punto de tensión en la sociedad argentina actual. A casi cinco décadas, mientras una amplia mayoría sostiene un consenso democrático basado en la memoria, la verdad y la justicia, persisten sectores que lo justifican o lo relativizan.

Lejos de ser un fenómeno aislado, esta convivencia de miradas habla de una sociedad que todavía está procesando uno de los períodos más oscuros de su historia.

Qué ocurrió y por qué importa

El 24 de marzo de 1976 se interrumpió el orden constitucional y se instauró una dictadura cívico-militar que gobernó hasta 1983. Durante ese período, el Estado implementó un sistema de represión ilegal que incluyó secuestros, torturas, desapariciones forzadas y apropiación de menores.

Estos hechos no son materia de interpretación: han sido documentados, investigados y juzgados como crímenes de lesa humanidad tanto en el país como a nivel internacional.

Por eso, más allá de cualquier debate político, existe un piso común en la Argentina democrática: la condena a la ruptura del orden institucional y al uso del aparato estatal para ejercer violencia sobre la población.

Por qué algunos aún lo reivindican

Sin embargo, hay quienes sostienen miradas que justifican o minimizan lo ocurrido. Entre los argumentos más frecuentes aparecen:

• La idea de que el golpe “trajo orden” en un contexto de crisis.
• La equiparación entre la violencia estatal y la violencia política previa.
• La negación o relativización de la magnitud del terrorismo de Estado.

Estas posiciones suelen apoyarse en lecturas parciales del contexto histórico o en una valoración del “orden” por sobre las garantías constitucionales.

También influyen factores contemporáneos: en contextos de incertidumbre económica o social, resurgen discursos que proponen soluciones simplificadas a problemas complejos.

Democracia, memoria y responsabilidad

Desde el retorno de la democracia en 1983, la Argentina ha desarrollado un proceso sostenido de memoria, verdad y justicia. Los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad constituyen una política de Estado reconocida internacionalmente.

Este recorrido no busca reabrir heridas, sino establecer límites claros: en una sociedad democrática, no todo es opinable. La desaparición de personas, la tortura y la supresión de derechos no pueden justificarse bajo ningún argumento.

Una reflexión desde lo local

En ciudades como Berisso, con una fuerte identidad ligada al trabajo, la organización social y la vida comunitaria, estos debates no son ajenos. La historia nacional también atravesó a sus instituciones, a sus familias y a su tejido social.

Sostener la memoria no implica quedarse en el pasado, sino fortalecer valores básicos para el presente: el respeto por la ley, el funcionamiento de las instituciones y la defensa de los derechos.

En un contexto donde circula información fragmentada y muchas veces descontextualizada, el desafío es sostener una mirada informada, crítica y responsable.

Porque entender lo que pasó no es solo un ejercicio histórico: es una condición necesaria para que no vuelva a repetirse.